El diario francés L`Humanité nos ha remitido unas preguntas para conocer la situación actual de las víctimas del franquismo, analizar la Ley de Memoria Democrátioca y valorar la verdadera voluntad política de combatir la impunidad del franquismo. 👇👇👇👇
1-.Con el retorno de la democracia se implantó en España un dispositivo de amnesia y amnistía respecto de los crímenes del franquismo. ¿En qué consistió esto (el dispositivo)?
En 1977 se volvieron a celebrar elecciones generales democráticas tras la muerte del dictador. A ellas no pudieron presentarse los partidos republicanos pero sí lo hicieron los partidos de izquierdas que aceptaron la monarquía. Ese Parlamento tenía como principal misión la redacción de una Constitución democrática que luego sería sometida a referéndum. Pero una de las primeras cosas que hizo fue aprobar una Ley de Amnistía, el 14 de octubre de 1977, que desde entonces protege judicialmente a los responsables de las violaciones de derechos de la dictadura. Cuando se aprobó esa ley casi todos los presos políticos estaban en libertad. Votaron a favor el PSOE y el PCE y el relato que hicieron fue que era una gran conquista de quienes se opusieron al régimen franquista. La Ley de Amnistía dejó en libertad a 89 presos vinculados con grupos armados pero sin delitos de sangre. Pero para lo que realmente ha servido es para proteger a los fascistas.
Cuando la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) comenzó a buscar a los republicanos desaparecidos por la represión franquista y comenzó a poner denuncias en los juzgados se descubrió para qué servía la ley. Su Artículo 2 impide investigar y juzgar penalmente las violaciones de derechos humanos de la dictadura. Por eso en el año 2010 la ARMH promovió la primera querella en Argentina contra el franquismo, buscando la aplicación del mismo principio de Justicia Universal que había permitido a la justicia española detener a Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998. Pero desde que la justicia argentina aceptó el caso, todos los gobiernos de España han puesto obstáculos y han tratado de impedir que salga adelante. En la ciencia política se estudia “la ley de hierro de la oligarquía” y esa ley de hierro no ha sido amenazada por ningún Gobierno ni por ninguna legislación desde la muerte de Franco hasta hoy. La impunidad se ha convertido en España en un hábito, en una cultura política y ningún Gobierno desde 1977 hasta hoy ha hecho nada por acabar con ella.
Se trata de un problema que nace de nuestra estructura social. La larga duración de la dictadura y las medidas que marginaron a las familias republicanos hicieron que las élites que han gobernado España desde la muerte de Franco hasta hoy procedan en su mayoría de familias franquistas. Quienes iban a las universidades en los años cuarenta, cincuenta y sesenta eran fundamentalmente hijos de vencedores en la guerra. Y desde distintas instituciones políticas, académicas y culturales han trabajado con la impunidad. Aunque hayan tenido discursos más o menos críticos con respecto a la dictadura han compartido la convicción de que no hay que juzgar a los franquistas y deben quedarse con los frutos del saqueo y la corrupción política y económica que eran esenciales en la dictadura franquista.
2. ¿Cuáles son los principios y demandas que animaron el movimiento en el origen de la Ley de Memoria Democrática?
En octubre del año 2000 la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) lleva a cabo la primera exhumación científica de republicanos asesinados por fascistas en España. Dos años después la ARMH comienza a poner denuncias en los juzgados y presenta la documentación de 64 casos de desaparecidos ante el Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria de la ONU, que tiene su sede en Ginebra. Así empieza un movimiento social que es muy diverso en el que hay asociaciones que se crean por familiares alrededor de una fosa y otras que son correa de transmisión de los partidos políticos.
Esa actividad hace que el Gobierno del José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) apruebe en diciembre de 2007 la Ley de la Memoria Histórica que no responsabilizaba al Estado de la búsqueda de los desaparecidos, no indemnizaba a sus familias de los desaparecidos y no abria ni una pequeña grieta para que las víctimas pudieran acceder a la justicia.
En septiembre del año 2013 visita España el Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria de la ONU. Y en marzo de 2014, lo hace el Relator Especial para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición de la ONU, Pablo de Greiff. Ambos grupos hacen públicos sus informes en el verano de 2014 y señalan en ellos la desatención a las víctimas de la dictadura, el deber del Estado español de indemnizarlas, garantizar su derechos a la justicia, a la verdad y a la reparación.
Entonces gobernaba España el Partido Popular que respondió a los dos informes. asegurando en la Asamblea de Derechos Humanos de la ONU que todos esos problemas habían quedado resueltos en la transición. Cuando el PSOE vuelve a gobernar en el año 2018, se plantea que va a redactar una nueva ley de la memoria que responda a las indicaciones de los informes de Naciones Unidas y aplique los principios y las convenciones de derechos humanos ratificadas por España.
Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez decide sacar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. El 24 de octubre de 2019, en algo que se pareció a un funeral de Estado, los restos de Franco fueron sacados de allí pero trasladados as un cementerio de propiedad pública, lo que significa que sus víctimas siguen pagando con sus impuestos el mausoleo del dictador algo que agrede a las víctimas y simboliza que cuarenta y siete años después de su muerte el Estado democrático no ha sido capaz de sacar al dictador del espacio público. Algo que no ocurre ni en Italia, ni en Portugal, ni en Chile ni en Argentina; que la democracia mantenga con fondos públicos la tumba de un dictador. Pero sí ocurre en España.
3. ¿Qué perspectivas abre la Ley de Memoria Democrática?
La Ley de Memoria Democrática se divide en dos partes; el preámbulo y el articulado. En el preámbulo podemos leer muchas veces la expresión “verdad, justicia y reparación”, podemos leer grandes frases acerca de la maravillosa transición a la democracia que hizo España, esa que dejó a miles de demócratas republicanos enterrados en fosas comunes en la cunetas. Se trata de un texto con reflexiones muy positivas acerca de la justicia y los compromisos de nuestra democracia. Lamentablemente muchas de esas buenas intenciones se han quedado en el preámbulo y no han llegado al articulado. Se puede decir que la Ley de Memoria Democrática habla de verdad, pero no pretende contarnos quiénes fueron los golpistas de julio de 1936, los responsables de la dictadura, los torturadores o los empresarios que se enriquecieron usando esclavos políticos; se habla de justicia, pero se deja en vigor la Ley de Amnistía que impide que esos crímenes vayan a ser juzgados; y se habla de reparación, pero el Estado no indemnizará a las familias de los desaparecidos. En Argentina, por poner un ejemplo, las familias de los desaparecidos han recibido 200.000 dólares, como indemnización. Las familias de los civiles desaparecidos por la violencia de los pistoleros de Falange en España han recibido cero euros. Eso sí, algunos partidos políticos recibirán indemnizaciones por los bienes que les fueron incautados por los franquistas. Pero a las familias a las que se les robaron sus tierras, sus casas y sus ahorros no se les devolverá un céntimo. ¿Por qué los partidos sí y las personas no?
La Ley de Memoria Democrática no menciona a la iglesia católica, ni aparece. Se trata de una institución que participó en el golpe de Estado, que formó parte de la dictadura, que en muchos pueblos escribió la lista de nombres de los republicanos que debían ser asesinados, pero que para el Gobierno que ha redactado la ley no tuvo nada que ver con eso porque ni siquiera la menciona.
La Ley habla de hacer un censo de víctimas pero también es muy importante que se lleve a cabo un censo de verdugos. La Ley habla de enseñar en las escuelas la historia de los hombres y las mujeres que lucharon durante décadas en España para que llegásemos a ser un país democrático. Un merecido homenaje pero viendo las cosas que están ocurriendo en Europa y el crecimiento de la extrema derecha es igual de importante que se estudie en los colegios la historia del fascismo español, de quienes secuestraron durante cuarenta años las democracia y sin que nadie se lo impidiera se negaron a celebrar elecciones democráticas. En esa cultura de la impunidad la ley quiere hablar de las víctimas pero no mencionar a los verdugos. En el texto de la ley se escribe 152 la palabra víctima(s) y cero veces la palabra verdugo(s). Se trata de una goleada de la impunidad.
La Ley crea sanciones a lo que denomina actos contrarios a la memoria democrática. Si en España alguien organizara un homenaje a un terrorista, antes de que se celebrase habrían intervenido la justicia y la policía. Pero para los actos de exaltación de la dictadura hay previstas sanciones y eso significa que se sancionarán actos que ya han ocurrido. El pasado 20 de noviembre de 2022 se celebraron bastantes actos “contrarios a la ley de memoria democrtática” (como dice la ley) y todavía estamos esperando a que el Gobierno sancione a los grupos de fascistas que celebraron y dieron vivas al dictador Francisco Franco. Ese es otro problema de las leyes, que a veces se redactan pero luego no hay voluntad política para aplicarlas. Un ejemplo, en la Ley de Memoria Histórica de 2007 se prohibía el uso de nombres franquistas en calles, plazas, colegios u otras instituciones públicas. Según un estudio del sindicato Comisiones Obreras quedan todavía más de 5.000 vestigios franquistas. Han pasado quince años de la aprobación de la Ley, ocho de Gobiernos del PSOE y siete del PP es todas esas calles siguen ahí, habiendo una ley que las prohíbe. Es por eso por lo que nosotros pensamos que muchas de las cosas que le reclamamos al Gobierno no requieren de una ley sino de medidas políticas y por eso a veces lo más importante es la voluntad política y no la existencia de un texto legal que el mismo Estado que lo aprueba permite que se incumpla.
Nosotros y grupos de defensa de los Derechos Humanos, como Amnistía Internacional, reclamamos al Gobierno la creación de una oficina que atienda a las familias de los desaparecidos, que las escuche, las cuide y garantice sus derechos, pero no han querido crearla, porque nada se lo impide. Vemos muchas broncas parlamentarias sobre el pasado y también vemos lo fácil que ha sido que el Gobierno de España envíe a Ucrania a un grupo de forenses del ministerio de Justicia. Los mismos forenses que pagamos con nuestros impuestos y que nunca ha enviado un Gobierno para que nos ayuden en las exhumaciones.
4. ¿La Ley de la Memoria Democrática es un fin o una etapa apelando a nuevos desarrollos legislativos?
La mejor política de memoria se hace en los juzgados y en las escuelas. Pero el poder político en España no ha querido abrir la puerta de los juzgados y ha abierto la puerta de las escuelas pero con idea de guardar el anonimato de los responsables de las violaciones de derechos humanos.
